La desaparición de la cobertura directa del FOGASA

El 40% de la indemnización de despido por causas objetivas en empresas de menos de 25 trabajadores está a cargo del FOGASA, con algunos matices de trámite, desde 1995. Esto es, cuando las pequeñas empresas pueden acreditar causas objetivas para despedir, su coste de indemnización es de 12 días por año trabajado. El FOGASA se nutre básicamente -como el desempleo- de las cotizaciones de aquellos que trabajan. La combinación de crisis y flexibilización de las causas del despido objetivo están causando un serio quebranto a la economía del fondo, que además de tener más solicitudes recauda menos al haber menos cotizantes. La creativa solución que se le ha ocurrido al Gobierno de España es eliminar esa obligación a través de la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una disposición final cuarta bis que suprime de forma indefinida el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, inclusión a través de enmienda del Grupo Popular en el trámite del Senado.

El literal de la enmienda dice:

“El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA  De adición.

Se añade una nueva Disposición final, la cuarta bis, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con la siguiente redacción:

“Disposición final cuarta bis. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se suprime el apartado 8 del artículo  33 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, manteniéndose el resto de la redacción, así como su numeración”.

JUSTIFICACIÓN La enmienda pretende recuperar para el Fondo de Garantía Salarial su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención como institución de garantía en aquellos supuestos de insolvencia o concurso empresarial, desincentivando el despido y fomentando el mantenimiento del empleo”.

Parece que el FOGASA lleva desnaturalizado más de 23 años, en los que han gobernado los dos partidos que hasta ahora han conseguido ser titulares del ejecutivo, dejando al pobre del fondo al albur de un destino que no le correspondía. El argumento es que una indemnización de menor cuantía incentiva el despido. Exactamente el reverso de lo que se dijo cuando se optó por rebajar de 45 días de indemnización a 33 el despido improcedente; entonces se argumentaba que un coste de indemnización menor incentiva el empleo. En todo caso, es una medida que cambia un cálculo de costes consolidado, que no se ha siquiera debatido en el Congreso, y que se toma con alevosía y natividad (el BOE no va a salir de noche, pero va a salir en las fiestas navideñas).

Si los presupuestos salen con esta enmienda, para cobrar prestaciones del FOGASA es necesaria una declaración de insolvencia judicial o un concurso mercantil. Cada empresa que no abone una parte cualquiera de la indemnización a un trabajador supondrá un pleito (del que el FOGASA será parte), pleito que cualquier profesional pondrá discutiendo que es un despido improcedente, aunque sólo sea porque el trámite del despido es más rápido que el de la reclamación de cantidad. Por ahora no hay tasas judiciales en primera instancia para los trabajadores, pero eso también puede cambiar. El atasco judicial sobre el atasco ya existente garantiza que el FOGASA va a tardar años en abonar la mayor parte de las indemnizaciones  que se generen en el 2014 por causas objetivas.

Los presupuestos suelen publicarse en el BOE en los últimos diez días del año. Si alguien tiene en mente un despido por causas objetivas, la norma entrará en vigor, probablemente, antes de que sea efectivo si se preavisa con los 15 días de rigor. Habrá que pensar en pagar el preaviso y no arriesgarse al cambio de opinión del legislador.

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SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico-laboral de SIGA
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